Las familias muestran su malestar y descontento ante la falta de información y asesoramiento legal sobre por qué esta materia no se imparte a sus hijos: la administración aqueja interlocutores que contesten al teléfono. Por su parte, los docentes permanecen impávidos ante la arbitrariedad de su designación, prácticas de enchufismo, falta de evaluación y de acompañamiento en todos los procesos para su elección, no siempre atendiendo a las necesidades y beneficio de los menores.
Un desastre que apunta a la Comisión Islámica de España, CIE, como artífice de semejante caos y sin vistas a cambiar. Por ello, una comunidad islámica andaluza, la Comunidad Islámica Al Ándalus, adscrita a la Federación Musulmana de España, FEME, ante la opacidad y el silencio dados por la CIE, se ha dirigido al Defensor del Pueblo para que intervenga ante las múltiples irregularidades y atropellos que comete.
Fue en 2021 cuando la Comunidad Islámica Al Ándalus acompañó a las familias granadinas, hartas del silencio de la Administración y el abandono y dejación de la CIE a presentar ante la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía sendas solicitudes de la ERI a fin de que se llevara a cabo la impartición de esta materia en los centros educativos de sus hijos.
Los recursos especiales por vulneración de derechos fundamentales derivaron en tres sentencias judiciales que reconocían el legítimo derecho de los menores a recibir sus clases de ERI . Sentencias Granada y Tribunal Supremo
Sentencias que marcaron un antes y un después reafirmando la certeza de que, si la CIE hubiese hecho su trabajo, las familias no habrían tenido la necesidad de acudir a la vía judicial.
La Comisión Islámica de España es una asociación privada de interés público sujeta al Derecho Público y, por tanto, sujeta a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Entre los condicionantes que vinculan a la CIE a esta ley se dispone que las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
La Comisión Islámica de España es perceptora anual de sustanciosas subvenciones públicas, alcanzando 253.000€ en el año 2019; 245.000 € en 2020; 305.974,81 € en 2021; 311.733,08 € en 2022 y 305.430,51 € en el año 2023 respectivamente.
Por consiguiente, la CIE queda obligada a que toda la información sobre su gestión sea pública, comprensible, de fácil acceso y gratuita, debiendo estar a disposición en su web oficial y atendida a toda persona que lo solicite.
Durante el primer trimestre de 2024 la Comunidad Islámica Al Ándalus solicitó formal y documentalmente a la CIE la siguiente información:
- Que nos informe en relación a la convocatoria para el curso académico 2023-24 en Granada para profesores de Enseñanza Religiosa Islámica:
- A través de qué medios de comunicación propios de la Comisión Islámica de España se hizo pública dicha convocatoria.
- Cuántas solicitudes de candidatos se presentaron.
- Cuántas propuestas de docentes de Enseñanza Religiosa Islámica fueron remitidas a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Que nos informe de todas las convocatorias que haya realizado la Comisión Islámica de España en los últimos cinco años en Granada (provincia y capital).
- Que nos informe de los medios que ha utilizado para hacer públicas las convocatorias de la Enseñanza Religiosa Islámica en Granada (provincia y capital) en los últimos cinco años.
- Que nos informe del mecanismo de selección que se ha llevado a cabo en la selección de las personas que se han presentado a las convocatorias en Granada (provincia y capital) en los últimos cinco años.
Ante la negativa de atender esta petición de información, la Comunidad Islámica Al Ándalus ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para supervisar e investigar si la Comisión Islámica de España ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones y quebrantado la ley.
