La polémica suscitada en Algeciras por la presencia de Adlbi en una de las mezquitas de la ciudad, en gran parte impulsada por todos esos gladiadores de la moderación contenida, contraviene los más elementales códigos de conducta cívica. Actos parecidos al de Algeciras se están organizando en Aragón con Adlbi como ponente estrella para los días 5 y 6 de octubre. El presidente de la CIE intenta suplir su ausencia en actos de sociedad con otros que tienen como fondo externalizar un modo de pensamiento y de vida.
Adlbi, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia. Cargar las tintas contra su persona sin que exista sentencia condenatoria vulnera sus derechos como ciudadano. El proceso judicial en el que está inmerso Adlbi viene alargándose en exceso, y el hecho de estar sometido al mismo conlleva obligaciones de fondo ético y moral, siendo el propio Adlbi el que debe decidir si dimite o se mantiene en su puesto de presidente de la Comisión Islámica de España, CIE.
El proceso seguido para su reelección debería haber tenido en cuenta la situación judicial de Adlbi, lo que podría haber facilitado su salida y la búsqueda de un sucesor, concediéndole una salida honrosa, pues aun en el caso de ser absuelto tanto su nombre como su persona difícilmente podrán lucirse sin mácula.
Todas estas situaciones, la mayoría de ellas protagonizadas por imames y predicadores errantes, mantienen en vilo a una comunidad que no gana para sobresaltos. Ahora resulta que los mensajes que se transmiten en las conferencias, seminarios, sermones de los viernes y otros, hay que analizarlos con medidor de radicalidad. Hay que preguntarse qué se hacía antes con todos esos mensajes, muchas veces explosivos. Tal vez haya que pensar que se evaporaban en el aire cual pompa de jabón.
Se están dando situaciones excepcionales que afectan de lleno a una comunidad que quiere vivir en paz y que busca acondicionar un espacio legítimo en una sociedad que la observa reticente y sin concederle el crédito social que merece. Los ciudadanos musulmanes deben ayudar en este proceso. Y una de las mejores maneras para hacerlo es cuidar la imagen del Islam en todos sus procesos y conductas de vida, de modo que se tenga en cuenta que cualquier acto puede causar perjuicio, pues desde el otro todo se somete a examen. Una camisa mal planchada puede ser objeto de condena visual, siendo reo de la misma el propio Islam y no su portador.
La búsqueda de soluciones no puede dejarse en manos de quienes han promovido todo este tinglado de desazón, preocupación y falta de confianza. La CIE y quienes la componen no pueden abanderar ningún proceso de cambio. Todos sus miembros están deslegitimados por su manifiesta inoperancia y su recurrente incapacidad para conformar una comunidad social y dotarla de paz y de estabilidad.
Es el Gobierno el que tiene que tomar cartas en el asunto y desandar sus propios pasos, pues el tiempo ha demostrado que la invención de la CIE ha sido un plan fallido que ha beneficiado únicamente a sus miembros más preeminentes dotándoles de sueldo y estabilidad laboral, tanto como después de tantos años siguen sin dar un palo al agua. Un filón con el que se encontraron de bruces por mor y santidad de unos funcionarios que en su día decidieron que era lo mejor para España.
Un pacto de Estado, ajeno a cualquier tipo de tensión, se ofrece como la mejor opción para un futuro libre de conductas radicales y de tribunales andantes cuyo norte de vida consiste en apuntar incumplimientos a fin de dotar a sus protagonistas con recias y perpetuas cadenas.
El Islam exige comedimiento, siendo la moderación y la plena convivencia uno de sus fundamentos capitales. Es necesario dotar a sus seguidores de herramientas democráticas, dificultando y negando el paso a quienes se manifiesten -tanto por pasiva como por activa- mediante gestos y pensamientos extremos.