Urge saber en qué colabora y qué coordina realmente la CnI en Ceuta, así como cuáles son sus méritos para merecer semejantes viandas. La sociedad ceutí está cansada de decisiones que huelen a amaño. Este nuevo episodio no es una casualidad, sino un patrón: proyectos sin control, fondos sin destino y convenios sin fundamentación. El resultado es siempre el mismo: ninguna obra visible, ningún informe de ejecución, ni una sola factura verificada.
Lo tienen fácil: basta con que empiecen a explicar en qué gastaron lo que de manera tan alegre el presidente Vivas les concedió este año y tantos otros.
Un indicio más de lo burlesco de este convenio es el pozo sin fondo al que va; mientras que el convenio con el Obispado nomina las dos iglesias objeto de las obras y actuaciones a ejecutar –rehabilitación de la cubierta de la iglesia de San José y puerta principal y cancel del Santuario de Nuestra Señora de África-, el de la CnI es un dibujo en el aire: no cita el nombre de las mezquitas, detalle de la obra, coste… podrían ser todas como ninguna.
Emvicesa, la Empresa Municipal de Vivienda de Ceuta, convoca cada año subvenciones para actuaciones de mejora y conservación en edificaciones de lugares de culto, -las mismas que se esgrimen en el convenio con la CnI-: obras relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones, cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, así como las concebidas para la mejora de la seguridad y accesibilidad como ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos adaptados a personas con discapacidad, entre otros, a las que acceden tanto las iglesias católicas, iglesias evangélicas, templos hindúes y mezquitas.
Si, como ha declarado el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, estas ayudas “responden a las necesidades que han ido trasladando las comunidades” y pretenden atenderlas “de manera organizada y con una planificación común”, Acoha exige transparencia:
- el registro de las peticiones,
- informe de necesidad,
- memoria justificativa,
- la titularidad de las mezquitas beneficiadas
- descripción de las obras y equipamientos para cada una de ellas
- estimación presupuestaria con indicación de todos los conceptos que lo integran incluyendo los costes laborales y certificado de libramiento de los residuos
- autorización de la Comisión de Patrimonio Cultural en caso de obras que afecten a bienes declarados de interés histórico-artístico
- licencia de obra, plazos de ejecución y facturas verificadas una vez finalizadas las obras
La realidad es clara: no hay facturas ni las habrá, como tampoco obras de envergadura que justifiquen semejante despilfarro. Solo otro episodio más de los muchos que se pactan detrás del telón. Acuerdos turbios sin trasparencia que solo sirven para engordar los bolsillos de una Comisión que de islámica tiene poco, y que ha dado sobradas muestras de no servir al beneficio de la sociedad. Nunca ha hecho pública la lista de cargos que tiene cobrando de esas subvenciones, ni los procesos de selección, nóminas y cometidos de cada uno.
Salvo por la compra de favores y el pago de amistades peligrosas, el Consistorio solo puede presumir de erosionar la confianza ciudadana, reforzar la dependencia de entidades clientelares y debilitar la legitimidad de la administración pública. Es escandalosa la impunidad con la que Ceuta normaliza la asignación arbitraria de dinero público a entidades opacas, inútiles y dirigidas por individuos investigados por la Audiencia Nacional por presunta financiación de terrorismo. Miembros de un aparato -la Unión de Comunidades Islámicas, Ucide- que, con férreo control interno, mantienen secuestrada a la Comisión no Islámica monopolizando 15 de 25 votos, y cuenta entre su cúpula individuos pendiente de juicio por supuestos graves cargos delictivos contra la seguridad nacional e internacional.
Más de un millón cien mil euros que, desde 2018, le ha dado Ceuta a la CnI a través de subvenciones directas sin ofrecer ninguna contraprestación. Una red de intermediarios bien conectados que ha aprendido a moverse entre despachos para captar fondos sin ofrecer nada a cambio.
Acoha denuncia que este acuerdo no busca mejorar infraestructuras ni apoyar a las comunidades, sino perpetuar un circuito de dependencia política y clientelar. Por ello, por ser lesivo para los intereses de las mezquitas y ante la existencia de una línea consolidada de ayudas para este concepto abierta a todas las confesiones, Acoha pide la nulidad inmediata de este convenio.
Cada euro malgastado en este acuerdo mediante la incorporación de un comisionista y la complicidad de todos los grupos políticos, es un atraco al erario público, un golpe a la credibilidad de las instituciones y a la dignidad de los ciudadanos.
