La comunidad musulmana de Madrid continúa reclamando soluciones ante la falta de enterramientos que permitan cumplir con el rito funerario musulmán.
Desde que el cementerio de Griñón colmatara el año pasado, no existe en la Comunidad de Madrid ninguna parcela – pública o privada- donde las familias musulmanas puedan dar descanso a sus seres queridos, viéndose obligados a mendigar una tumba a cientos o miles de kilómetros de su lugar de residencia.
A pesar del acuerdo alcanzado por el gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid por el que se otorgaba una parcela de 10.000 m2 junto al cementerio de Carabanchel Sur como cementerio musulmán, nada se ha materializado. El constante cruce de acusaciones entre la empresa funeraria y los mercenarios “representantes de los musulmanes” que han de acordar su desarrollo, ha terminado por colapsar este agravio empujando a los difuntos a un continuo y doloroso éxodo a otras partes de la península y del extranjero.
El derecho a ser enterrado conforme a las creencias religiosas del difunto viene amparado por una extensa legislación nacional y europea, que data desde 1978 en nuestro país con la Ley de enterramientos en cementerios municipales, reconociéndolo como derecho civil en todos y cada uno de los cementerios municipales de España.
“Por un movimiento digno” lleva meses denunciando la violación de este derecho que entiende discriminatorio por motivos religiosos, razón que le ha llevado a acudir al Defensor del Pueblo de la Comunidad de Madrid. Maysoun Douas, portavoz del mismo, critica la “dejadez y el desinterés” del consistorio madrileño -actual y anteriores-, a todos los de “los últimos 45 años” que se han desentendido de los derechos de la comunidad musulmana.
Douas ha advertido que las familias barajan además otras vías de actuación sin descartar recurrir a la vía judicial.
Este movimiento ya rechazó semanas atrás el pretendido proyecto de ampliación del cementerio de Griñón a costa del derrumbe de su mezquita, uno de los tres únicos lugares de culto que cuenta con minarete en la Comunidad de Madrid, y que en nada solucionaría el problema de espacio ante la pronta colmatación de esas previsibles 130 nuevas sepulturas que albergarían los terrenos de la mezquita.
Una compleja situación que viene a mostrar la constante irrelevancia de la Comisión Islámica de España: una entidad a la que las necesidades de los musulmanes en España le causan fastidio, importándole muy poco. Una CIE que no escatima esfuerzos en autoproclamarse colocutor en despachos relevantes, mientras se dibuja irresponsable e incompetente para defender los cometidos de los musulmanes, que nunca resuelve y que cobra siempre.
