Ceuta, con unos índices de pobreza alarmantes, mantiene y relanza subvenciones económicas a una entidad que nunca hizo méritos para recibir ni un solo céntimo de dinero público
La Asociación de Consumidores Halal de Ceuta, Acohace, solicitó el pasado 10 de abril y 26 de mayo memoria económica de las subvenciones a las entidades de inspiración musulmana radicadas en la ciudad - comunidades islámicas y CnI, respectivamente-. La respuesta negativa de la Ciudad a ofrecer esta información obliga a Acohace a solicitarlo nuevamente mediante otros recursos legales.
La Comisión no Islámica recibe del Estado importantes cantidades de dinero anualmente. Ceuta es la única ciudad de España que en paralelo al Estado destina suculentas subvenciones a una entidad que no publica el destino del dinero que percibe
Copia y pega. El mismo convenio de todos los años. Un dinero regalado, puntual a la cita y sin que se conozca dónde se invierte, con la novedad de que este año se produce un considerable incremento de la cuantía concedida, casi un 33% más respecto al año anterior, 140.000 euros y sin nada a cambio o, como cita el propio convenio “sin contraprestación”, es decir, a fondo perdido.
A estas alturas sobra decir que nadie se cree en verdad que la Comisión esté realizando algún programa de protección, fomento, mantenimiento y enriquecimiento cultural en favor de los musulmanes de Ceuta, más bien al contrario, se sirve de una jugosa fuente de ingresos anual, incrementada en el tiempo mientras no se conozca crítica ni oposición al gobierno de Vivas.
En un Estado aconfesional como el español no tiene encaje que una administración pública subvencione la impartición de clases de religión islámica, menos aún en un entorno privado y sin acreditación formativa oficial.
Un iftar institucional, cuyos gastos corren a cargo del ayuntamiento ceutí, no puede contar como única justificación de tan alto gasto público. Menos aún si tenemos en cuenta que los salarios de los imames que realizan los sermones de las dos festividades más importantes del Islam, fin de Ramadán y Eid al Adha, corren a cargo de Marruecos; que la Musalla recibe dinero aparte, 10.000 euros para su celebración y 90.000 para adquisición inventariable Musalla, o lo que es lo mismo, la Comisión no Islámica no realiza ningún gasto en Ceuta en favor de los ciudadanos musulmanes de la ciudad.
En el controvertido Convenio se desgrana las actividades financiadas: Desarrollo de programa de integración social para la población marginal; de actividades de integración de la mujer en el movimiento social, cultural y religioso; de actuaciones para el fomento de la religión islámica y la organización de la oración y jutba del Eid; seminario para educadores de religión islámica, y organización de fiestas en las sedes de las Mezquitas y comunidades, entre otros.
Los disparates de un convenio
“Organización de fiestas en las mezquitas”, recoge el convenio. En las mezquitas no se celebran fiestas, y las mismas están bajo la gestión exclusiva de Marruecos.
“Organización de la oración y jutba del Eid”, otra de las incongruencias del convenio. La organización y sermones corren a cargo de imames funcionarios de Marruecos. Ese terreno es exclusivo de Marruecos
“Seminarios para educadores de religión islámica”, otra ocurrencia del convenio. Marruecos es quien ofrece ese tipo de formación. Nadie más puede hacerlo.
Demasiada palabrería para ocultar que nada se hace por la integración de la mujer ni de la población marginal; de poco o nada sirven esas supuestas actividades que dicen hacer, y las que hacen cómo las hacen, y aun así el Gobierno de Vivas sigue alimentando con dinero público una entidad que no hace nada, que no realiza ninguna actividad a las que está obligada por convenio.
Una de las cosas que sí hace la CnI a través de su alma gemela, UCIDE, es celebrar matrimonios islámicos cuyo coste de los servicios no baja de los 450,00€, y sin que los contrayentes reciban ningún tipo de recibo, suculenta actividad ésta que llevan desarrollando desde hace muchos años. Se trata de una actividad comercial en la que todo es beneficio. Otros servicios como la expedición de un simple certificado de conversión al Islam no baja de 100€, al igual que muchos otros servicios que deberían ser gratuitos se cobran a precio de oro y sin que la Agencia Tributaria participe en tan lucrativa actividad.
Con los 95.000 euros que el inoperante Hamido ha recibido del generoso gobierno de la Ciudad Autónoma en el 2024 y los 140.000 euros que va a recibir este año, junto a los más de 382.000 euros que ha recibido Luna Blanca, así como otras subvenciones destinadas a la nebulosa de Al Idrissi (90.000€), bien podían haber atendido – y atender- las necesidades culturales, orientación laboral, formación de talleres, concienciación halal y de apoyo social que tanto necesita el colectivo musulmán de la ciudad. Sin embargo, nada de eso han hecho, ni hacen ni harán. Y no solo eso, sino que seguirán mendigando a un partido que ha negado -y sigue negando- una mínima condena a las atrocidades que se vienen cometiendo en Gaza.
Estos son los “musulmanes” que hacen del Islam herramienta principal para sus negocios. La vida marginal que se vive en ciertos barrios de la ciudad, donde se hacinan miles de familias musulmanas en condiciones precarias tampoco importa; menos aún, la dimensión infantil, la juventud y las personas mayores.
La conciencia islámica y social de estas entidades se disipa en el cuenco de las subvenciones públicas: los muertos en Gaza no han merecido una sola línea de estas entidades; ni siquiera una mínima reacción de rechazo a todas esas masacres que nos dejan sin habla, como tampoco reclamar a Vivas la entrega inmediata de esos 100.000 euros prometidos en nombre de la sociedad ceutí.
El silencio y juegos de marioneta de la CnI y entidades como Luna Blanca, Al Idrissi y tantas otras, provocan devastación existencial en las nuevas generaciones de musulmanes en España, distrayendo y desatendiendo sus necesidades e inquietudes de desarrollo ético-espiritual y compromiso social.
El dinero público debería estar fiscalizado hasta el último céntimo y su razón de ser no es otra que ayudar a las personas a conseguir mejores niveles de vida. Cualquier otro destino debe ser perseguido penal y moralmente.
Al negar el acceso público a cualquier tipo de ejercicio fiscal para determinar el destino de todo ese dinero público, el Gobierno de Ceuta contribuye de manera directa a una mayor convulsión y a un mayor deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos musulmanes, por lo que se hace necesario buscar las vías legales para señalar cómplices y culpables. El Islam y los musulmanes son ajenos a estos trapicheos y abusos en beneficio de unos cuantos en detrimento de tantos.
Es importante recordar que el dinero público sí es de todos los ciudadanos, y su buen manejo es fundamental para el desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto.
La expresión "El dinero público no es de nadie" refleja la preocupación por la falta de responsabilidad en el uso de los recursos económicos del Estado y la necesidad de garantizar una gestión transparente y eficiente en beneficio de la comunidad.
