El consumo de aparatos electrónicos escala cifras nunca vistas, tanto que somos incapaces de reciclar la totalidad de sus residuos. Tanto es así, que la Organización de Naciones Unidas estima que mundialmente se generan 62.000 millones de residuos electrónicos, de los cuales solo se alcanza a reciclar una cuarta parte de ellos. El resto, tres cuartas partes, se envían a vertederos de África donde desaparecen sin demasiadas explicaciones ni medidas de seguridad.
Estimaciones de la ONU indican que España rebasa la media del resto de países de la Unión Europea produciendo cada español una media de 19,6 kilos de residuos anuales, de los cuales solo se procesan 395.200 toneladas por año, el 42% del total de los desechos, siendo el cuarto país detrás de Alemania, Francia e Italia.
Con más sombras que luces muchas toneladas de residuos parecen evaporarse como si nada. En 2022 desaparecieron el 57,7% de los residuos electrónicos generados, es decir, 540 millones de kilos.
Ante tales hechos, apremia concienciar sobre la importancia del reciclaje, de un consumo responsable y de economía circular, así como medidas de control del destino de estos desechos, pues tal y como señala Ecologistas en Acción, “los puntos limpios tienen altas tasas de robo, porque los materiales que hay en ellos tienen componentes de valor”. Como muestra basta fijarse en los puntos limpios de Andalucía donde cada semana se produce una media de tres robos, y donde al 70% de los residuos que llegan a las plantas de reciclaje les han sustraído los metales previamente para revenderlos en el mercado negro.
Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción declara que los desechos de España -y de gran parte del mundo- que no se reciclan “van a parar, casi con seguridad, al vertedero de Ghana,” donde miles de personas trabajan en condiciones insalubres, sin medidas de protección, seguridad ni derechos y donde la explotación infantil es latente. Otros países que se han señalado como puertos de entrada al continente africano se sitúan en Lagos (Nigeria), Durban (Sudáfrica) y Bizerta (Túnez).
A pesar de la ilegalidad de su uso, muchos países europeos y norteamericanos, envían sus desechos a estos vertederos y cementerios tecnológicos africanos, donde el “descontrol” en el acceso de contenedores es “enorme” y consiguen colar esta basura que no reciclan en sus países.
La normativa que controla los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación resulta altamente ineficaz para combatir estas prácticas. En los años 80 y a raíz de las protestas ciudadanas al descubrir que depósitos de desechos tóxicos provenientes de otros países llenaban los vertederos de países en vía de desarrollo, se elaboró el Convenio de Ginebra con el fin de “proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos.” La realidad ha demostrado ser papel mojado.
El mercurio, cadmio, arsénico, antimonio, cromo o plomo son metales peligrosos presentes en los ordenadores, tablets, teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Su nocividad es tan alta que una batería de níquel-cadmio de telefonía móvil puede contaminar 50.000 litros de agua, y un televisor, hasta 80.000 litros.
Los efectos en el medio ambiente y la salud humana de las personas que los manipulan en su reciclaje son altamente perniciosos, causando grandes daños cerebrales y repercusión en el sistema nervioso, además de en otros órganos.
Las plantas de reciclaje destinadas al tratamiento de estos residuos electrónicos en España son “claramente insuficientes”, según Arribas, quien apuesta por las campañas de concienciación ciudadana y medidas para incentivar el hábito de reciclar como el retorno mediante valorización que bonifica al consumidor la devolución del aparato cuando éste deje de serle útil.
