El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares reconoce el derecho de una familia a que sus hijos reciban enseñanza religiosa islámica, ERI

La sentencia del 10 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en la que se reconoce el derecho de una familia a que sus hijos reciban enseñanza religiosa islámica, ERI, en las aulas vuelve a marcar un hito importante en el ámbito educativo.

Baleares ha seguido el camino que abrió La Rioja y posteriormente secundaron Andalucía y Murcia donde familias, hartas de la desidia institucional y de la Comisión no Islámica de España, CnI, acudieron a la vía judicial para intentar poner orden en este asunto.

Nadie pone en duda ya que la ley en materia de educación deja bien claro que la enseñanza religiosa islámica es una de las cuatro enseñanzas confesionales de obligada oferta en los centros educativos y de libre opción para las familias.

Lo  que sorprende es que a estas alturas todavía haya consejerías de educación que incumplan la legalidad y hagan oídos sordos a las demandas de los padres. Poco parece importarles el compendio de leyes y normas que les obligan; menos aún, que las familias que tocan en sus puertas profesen el islam como religión, al menos esa es la sensación que se percibe.

Hay varios puntos interesantes en ese dictamen. En primer lugar, la sentencia reprende duramente a Educación por el vergonzoso desprecio que ha mostrado en todo momento hacia la familia a la que ni siquiera se molestó en contestar, llegando incluso a acusarla de no haber cursado formalmente su solicitud, y dejando pasar el tiempo como si el asunto no fuera con la administración. Lejos de amilanarse, el  tribunal  también reprueba a la consejería que en ningún momento informara al solicitante sobre los procedimientos a seguir para hacer efectivo su derecho a que sus hijos pudieran cursar dicha asignatura, antes bien, Educación continúa negando el impreso donde poder elegirla. Las familias, simplemente, carecen de documento en el que marcar su X.

Según declaraciones recientes, Educación ha manifestado públicamente que acatará la sentencia y no la recurrirá. Razón no le falta pues, de hacerlo, perdería igualmente.

Si bien la sentencia es favorable a la demanda de la familia, hay algo que no termina de convencer: la falta de concreción del centro donde hacerla efectiva, pues parece dejar la puerta abierta a que Educación designe el centro que mejor le convenga y reforzar el fantasma de centros guetos.  Este posible razonamiento, a todas luces contraproducente, es contario a la ley, ya que este derecho ampara a los hijos del demandante en el centro en el que sus hijos están cursando sus estudios -y no en otro-, que es precisamente en el que ha quedado demostrado que se cumplen los requisitos para cursarla. Pensar siquiera en desescolarizarlos para matricularlos en otro centro contraviene, no solo la propia ley sino el más común de los  sentidos.

Por otro lado, la sentencia parece haber pillado por sorpresa a la Comisión no Islámica, otra de tantas. Un nuevo episodio en el que la frialdad con la que “trata” los asuntos de los musulmanes escala cotas de menosprecio difíciles de soportar por más tiempo. Desde no atender las llamadas de la consejería, no enterarse de que le llaman, desentenderse de las demandas de las familias, abandonar a los docentes y sus condiciones laborales a su suerte,  dejar que el convenio educativo caduque y no molestarse en que se prorrogue… lleva a cuestionar la funcionalidad de la CnI, directa e indirectamente a través de su delegación en las islas, y plantear su fecha de extinción.

Que las familias se hayan visto abocadas a recurrir a la vía judicial con el fin de hacer valer la igualdad de acceso a sus derechos no es cuestión de aplausos o valentía, sino de la ineptitud de esa CnI que no sirve para nada y que cada día evidencia, más aún si cabe, que lejos de ser útil es un estorbo para el avance y progreso de la sociedad.

Todo apunta a que en los próximos días se escenificará la prórroga del convenio existente o la redacción de uno nuevo y, como  marca el guión, la CnI lucirá traje y corbata para la ocasión acudiendo pronta y dócil a rubricar con su firma un nuevo instrumento que constriña el derecho de las familias a acceder a la ERI a un puñado de centros educativos - y si cabe, lo más lejos posible de las grandes ciudades-. Lo que la ley dispensa para todos los alumnos y todos los centros, la CnI se congratula en restringirlo en los colegios que Educación convenga, no sea que levantar la mano para pedir ERI para todos suscite el enfado de quienes les proveen de tan suculentas subvenciones.

Echen sus apuestas.