El Parlamento Europeo ha declarado que la gestación subrogada con fines de explotación, el matrimonio forzado y las adopciones ilegales sean ya nuevos delitos europeos.
Con 563 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, el Parlamento Europeo ha incorporado estos nuevos delitos dentro de la directiva contra la trata de seres humanos al considerarlos tipos de explotación y penalizarlos con penas de hasta cinco años de cárcel o de diez si se trata de un delito agravado.
La eurodiputada por Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez, ha defendido que “doce años después de la adopción de la directiva, el Parlamento Europeo ha tenido que revisar las normas de la Unión Europea, ya que la trata se ha vuelto más sofisticada y los recursos a nuestra disposición siguen siendo rudimentarios”, confirmando que esta reforma es un importante paso adelante.
Aunque la acción europea pretende ir más allá de la explotación sexual y laboral y abordar el matrimonio forzoso y la adopción ilegal, respecto de la gestación subrogada o vientres de alquiler, solo la contemplará como una forma de trata cuando se utilice con fines de explotación reproductiva y no como una libre elección entre partes.
A su vez, se autoriza a que el sistema judicial contemple la difusión no consentida de vídeos o imágenes con contenido sexual como agravantes, toda vez que se tipifica como delito hacer uso de servicios prestados por una víctima cuando el cliente sea consciente de que está siendo explotada.
Igualmente, las empresas que sean condenadas por trata serán sancionadas no pudiendo participar, entre otros, en procesos de percepción de ayudas públicas o licitaciones públicas.
Se incorpora un importante avance al posibilitar que los fiscales no procesen a las víctimas por actos delictivos que hayan cometido bajo coacción y se les brinde el apoyo y la protección adecuadas en materia de asilo.
El siguiente paso es que el Consejo apruebe formalmente el texto en el Diario Oficial de la Unión Europea, dando a los Estados miembros un largo plazo de hasta dos años para aplicar sus disposiciones.
