lunes 30/11/20

Hábitos indecentes

* Opinión

* Flash News

 
 

Lo de las subvenciones municipales en Ceuta alcanza tintes insólitos.  Próximo a finalizar el plazo de cierre de contabilidad, muchas entidades, algunas incluso con subvenciones que superan los 100.000 euros anuales, buscan denodadamente métodos para justificar sus gastos a fin de no tener que devolver lo que no gastaron, y ya de paso, quedárselo. Así de claro.

Sin ápice de vergüenza, algunas proclaman a los cuatro vientos que son musulmanas, cuando de eso tan solo tienen el nombre, del que se sirven para hacer “magníficos negocios”, pues si de algo carecen es de ética y moral musulmana. Podrán decir lo que quieran, definirse o presentarse como entidades de servicio público, mas cualquier parecido o signo de pertenencia al Islam es pura coincidencia.

Encarecidamente buscan facturas y certificados hasta debajo de las piedras para intentar hacer “legal” lo que nunca es. “…no paran de pedir, encima nos piden que les hagamos certificados en los que hagamos constar que ellos nos han dado a nosotros, no cabe más desfachatez, incluso nos dicen que pongamos “el valor de lo que nos han dado”, para presentarlo ante Intervención de la Ciudad, para que puedan justificar lo que les dan y que nunca gastan. La pena es que a nosotros nos miran hasta el último céntimo y a ellos nadie les dice nada…”, son las amargas palabras de un alto responsable de una activa entidad internacional dedicada a la distribución de alimentos para los más desfavorecidos con delegación en Ceuta.

La peticionaria de facturas y certificados para cubrir lo que sus principios no permiten es una asociación a la que la Ciudad de Ceuta concede más de 140.000 euros anuales, a lo que hay que sumarle los más de 70.000 kg de alimentos recibidos en lo que va de año y que recibió a coste 0 desde el organismo citado anteriormente. La sed de dinero de esta entidad  ¿social y musulmana? es insaciable.

Supuestamente o, al menos así lo han vestido, la retribución que las arcas públicas le asignan en concepto de subvención deben destinarlos a la compra de alimentos para su posterior distribución entre los más necesitados; es decir, entre personas vulnerables, en riesgo de exclusión social, sin acceso a ingresos ni medios de subsistencia… para los cuales conseguir unos lotes de estos alimentos puede suponer algo tan crucial como comer o no y espantar o engañar el hambre durante unos días.  Pero claro, todos sabemos que para gente sin escrúpulos, la desgracia de unos convierte en afortunados a otros, resultándoles un negocio  redondo porque los alimentos que reparten se los dan gratis, ahorrándose así el coste de comprarlos, al tiempo que su falta de códigos morales alcanza niveles extraordinarios, mayor aún    de degradación ética, máxime cuando tienen la desfachatez de pedirles  a quien les da los alimentos gratis, que les expida certificados en los que manifieste que fueron ellos quienes donaron también alimentos por importe x, cuando en realidad nada de eso existió, es decir, piden certificados a quien les da gratis y al que nunca dieron nada. Se trata de normalizar hábitos para tumbar toda conducta mínimamente decente.

Mientras esto sucede, lamentable e injustificadamente, hoy por hoy, la Ciudad de Ceuta carece de un efectivo equipo auditor que fiscalice debidamente la actividad de estas asociaciones, las cuales, reiteramos, dicen trabajar para los demás, pues de cara   al exterior bien que han sabido enmascarar una imagen de excelentes benefactores sociales, cuando en realidad lo que circula por las venas de estas oenegés no es más que ansia económica, mentiras y posibles delitos documentales.

Que una oenegé que recibe tan altas cantidades de dinero público  “reparta alimentos” que, a su vez le han sido donados gratuitamente por un organismo especializado en obra social, maniobre magnificando artificios contables para amañar justificantes que simulen gastar lo que no gasta, continúe sin ser auditada de forma exhaustiva por los servicios de inspección de la Ciudad de Ceuta, tal y como sí hacen con otras entidades no tan protegidas como lo está esa oenegé en cuestión, es un auténtico escándalo público que debe  investigarse exhaustivamente,  con todas las consecuencias de la ley.  Y no solo debe ser auditada la oenegé en cuestión, también debe serlo la entidad que emite esos certificados.

Por respeto a la ciudadanía ceutí y a nuestro estado de derecho, no caben ni entidades protegidas, ni benefactores de fondos públicos. Ignorar y silenciar estos hechos tan sólo contribuirán a corroer nuestras entidades y administraciones públicas.

El hábito no hace al monje

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