lunes 16.09.2019

El uso del velo o hiyab en el trabajo

Opinión

* Ángel Álvarez Hernández

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión..."

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El uso del hiyab en el trabajo está condicionado por la legislación de cada país de la Unión Europea, que no es homogénea. A diferencia de lo que se acostumbra a decir España no es un estado laico, sino aconfesional lo que significa que el Estado reconoce la existencia de diferentes confesiones religiosas sin tener preferencia por ninguna de ellas. En los estados laicos, la religión no forma parte del estado y es algo ajeno que se reduce a la vida individual de cada ciudadano.

En España una monja pueda dar clase llevando sus hábitos, mientras la ley francesa sobre la laicidad (Ley n° 2004-228 del 15 de marzo de 2004 prohíbe llevar símbolos religiosos en las escuelas públicas francesas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, establece:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

VELO

Sobre el uso de vestimenta religiosa sea esta islámica o no, en zonas de uso común, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite en su interpretación de la ley que los Estados puede limitar la libertad de manifestar una religión, si el ejercicio de esta libertad si esta supone un peligro para la seguridad públicas (Leyla Sahin, citada anteriormente, § 111, y Refah Partisi (Partdo de la prosperidad) y otros c. Turquía [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II). En el Caso Ahmet Arslan et Autres C. Turquie, entendió que mientras esta no constituyese ningún peligro para el orden público o una presión para los demás viandantes, no pueden ser prohibidas:

"El tribunal considera, en fin, que no se deduce del procedimiento que la manera en que los demandantes han manifestado sus creencias, mediante una vestimenta específica, constituya una amenaza para el orden público o una presión sobre los demás. En efecto, los demandantes, al principio del período en el que se cometieron las infracciones... estaban reunidos delante de una mezquita, en el lugar en cuestión, con el sólo propósito de participar en una ceremonia de carácter religioso.

(...) el Tribunal estima que ningún elemento del procedimiento muestra que los demandantes hayan intentado someter a presiones abusivas a los viandantes en las calles y plazas públicas, con el objetivo de promover sus convicciones religiosas..."

En el 2010, el Ayuntamiento de Lleida prohibió del uso del del burka y del niqab, (velo integral) en edificios y equipamientos municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló la prohibición de Lleida al entender que “en la cultura occidental” el velo integral puede “perturbar la tranquilidad” de otros ciudadanos porque “oculta el rostro”.

La Declaración Universal de Derechos Humano, en su artículo 2 prohíbe toda forma de discriminación religiosa. El pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ratificado por 144 naciones, señala que "cada Estado Parte en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos dentro de su territorio y que estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción de ningún tipo, como la raza, color, sexo, idioma, religión, políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición."

El artículo 16 de la Constitución Española, reconoce la libertad religiosa y garantiza el libre ejercicio de la misma, con la única limitación para su manifestación que el mantenimiento del orden público.

En el caso de la vestimenta en el lugar de trabajo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SS 14/03/17. Asuntos C-188/15 ; C-157/15 ) estableció la siguiente doctrina:

  a) En los casos en que una reglamentación interna de empresa privada impone a todos sus empleados de manera general e indiferenciada una neutralidad indumentaria impidiendo el uso de signos visibles de cualquier convicción religiosa, afectando de forma indistinta a cualquier manifestación de dichas creencias, en la medida en que se trata por igual a todos los trabajadores de la empresa, no se produce una discriminación directa en el sentido del Art. 2.2.a de la Directiva 2000/78 . 

   b) En los mencionados supuestos se podrá producir una discriminación indirecta en el sentido del Art. 2.2.b de la directiva, si la indicada prohibición aparentemente neutra ocasiona una desventaja particular a aquellas personas que profesan una determinada religión, lo que no sucederá, cuando debido a la naturaleza de la concreta actividad profesional de que se trate o el contexto en que se lleve a cabo, tal proscripción se refiera a un requisito profesional esencial y determinante y el objetivo perseguido sea legítimo y proporcionado, y tampoco en los casos en que se siga por parte del empresario un régimen de neutralidad religiosa en las relaciones con sus clientes.

No obstante y a pesar de lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, como ya se ha dicho anteriormente España no es un estado laico, ni ejerce por tanto una laicidad militante, ni se pueden trasladar de manera sistemática lo que ocurra en otros países o establecer que la jurisprudencia europea es ley. 

En la sentencia de fecha 22 de junio del 2.017, el Tribunal Superior de Justicia de Logroño haciéndose eco de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Palma de Mallorca de 6 de febrero del 2.017, que no fue recurrida estableció, acogiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional:

   a) La libertad religiosa tiene una dimensión interna que garantiza un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual ( STC 177/96 ), y una faceta externa que faculta a los ciudadanos para obrar de acuerdo con sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros y se traduce en la posibilidad de ejercicio inmune a toda coacción de los poderes públicos de aquellas actividades que constituyen manifestaciones del fenómeno religioso ( STC 46/01 ), tales como las que se relacionan en el Art. 2.1 LO 7/80 , relativas a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades ( STC 34/11 ).

   b) Que el derecho constitucional a la libertad religiosa, como los restantes de la misma naturaleza no es absoluto, sino que en el ámbito de las relaciones laborales es susceptible de verse afectado por restricciones o limitaciones siempre que las mismas superen el test de proporcionalidad (SSTC 99/94, 6/95, 207/96, 204/97, 37/98, 98/00, 186/00).


Esta interpretación de la jurisprudencia que se realiza de la legislación deja abierta a situaciones muy diferentes:

   a) Si una empresa prohíbe el uso de símbolos religiosos, esta prohibición debe ser igual para todos los empleados y todas las religiones y tiene que estar motivada por algún argumento de racionalidad, que no provoque ningún tipo de discriminación indirecta entre los trabajadores.

   b) El uso de símbolos religiosos en el trabajo no está prohibido, salvo lo mencionado en el punto anterior y en casos concretos que afecten a normas relativas a la seguridad laboral o cualquier otra que afecte a terceros, (como la sanidad en los Hospitales, lugares en los que se elaboren alimentos…). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estimó justificado que Shirley Chaplin, una enfermera geriátrica de 57 años, no usara un collar con una cruz durante sus horas de servicio, por un motivo de orden público y no religioso, al considerar que llevar la cruz presentaba riesgos para la salud y la seguridad, ya que podía entrar en contacto con heridas abiertas.

   c) El uso de símbolos religiosos en lugares comunes, solo está limitado el orden público. En el caso de un motociclista, sikh practicante que usaba turbante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimo que la obligación de llevar casco era una medida de seguridad necesaria y que la injerencia que el demandante pudiera haber sufrido en el ejercicio de su derecho a la libertad religiosa estaba justificada por la protección de la salud (X c. Royaume-Uni, no 7992/77, decisión de la Comisión del 12 julio 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 234).

El uso del velo o hiyab en el trabajo
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