domingo 25.08.2019

El derecho de los musulmanes a ser enterrados en España

Opinión

* Por Ángel Álvarez Hernández

 
 

El artículo 2.5 Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, reconoce a las Comunidades Islámicas, pertenecientes a la «Comisión Islámica de España», el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a las Comunidades Islámicas los cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto los actualmente inhumados en cementerios municipales como los de aquéllos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio islámico, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de sanidad.

Impedir o dificultar que los musulmanes sean enterrados en los pueblos y ciudades donde han residido, conforme a sus ritos religiosos, es una violación de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto es lo que a veces ocurre en algunos lugares de España, ya sea por cuestiones administrativas ajenas a los funcionarios o de cualquier otra índole.

La declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 16.1 de la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Podríamos preguntarnos dónde está el libre ejercicio de la religión musulmana cuando se trata de enterrar a sus muertos y por qué muchos familiares, tienen que trasladar el cadáver de sus seres queridos a cientos de kilómetros para que sean enterrados conforme a su fe.

Todo esto constituye un acto de crueldad y de indignidad en el momento del fallecimiento de la persona, y es una manifestación de islamofobia, en algunos casos institucional, ya que, si existen cementerios con zonas habilitadas para musulmanes en Madrid, Alicante o Zamora, no se entiende que en otros lugares no existan o se planten auténticos problemas burocráticos para que se pongan en marcha.

La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, señala que las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas.

Cuando los musulmanes no pueden enterrar a sus muertos en sus pueblos y ciudades se está frustrando la libertad religiosa, aunque no se aleguen impedimentos por motivos religiosos.

El artículo 510.1.a) del Código Penal, establece que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente la discriminación contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos de religión o creencias.

Además, cualquier acto administrativo, contrario a la Constitución, que tenga como objeto impedir a los musulmanes el libre desarrollo de sus derechos es nulo. Así lo estable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 47.1.a) señala que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno cuando lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Muchas personas deberían preguntarse cómo se sentirían si tuvieran que enterrar a sus fallecidos en Francia o Portugal, porque aquí en España no hay zonas habilitadas para ellos, o estás zonas se encuentran a cientos de kilómetros de su domicilio.

Los bulos sobre el enterramiento de musulmanes, tales como que nadie puede entrar en sus zonas reservadas o que los empleados que trabajen en los mismos deben ser hombres musulmanes, son falsos. El lavado y reposo del cadáver se puede hacer en los tanatorios y, por tanto, nada impide que sea enterrado en cualquier cementerio de España conforme a su fe. Sólo personas ignorantes o sin corazón pueden impedir que una persona fallecida sea enterrada conforme a sus creencias.

El derecho de los musulmanes a ser enterrados en España
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