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Los dineros del halal y la Comisión Islámica de España

Jesús López Gil | Jesús López Gil es abogado

Jesús López Gil | 03 de agosto de 2020

* Opinión 

* Por Jesús López Gil - Abogado

 
 

La Comisión Islámica de España, (CIE, en adelante), se constituyó in extremis el 18 de febrero de 1992, para firmar el Acuerdo de Cooperación con el Estado el 28 de abril, que fueron ratificados por las Cortes de España el 10 de noviembre mediante la Ley 26/ 1992.

Entre los vacíos del Acuerdo de Cooperación de la Ley 26/ 1992 está la financiación de la CIE, que depende de las subvenciones que recibe de la Fundación Pluralismo y Convivencia y que se dedican en un 90% al pago de sueldos. En 2018 recibió 330.000 euros de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

La CIE carece de ingresos económicos suficientes para poder desarrollar los Acuerdos de Cooperación de la Ley 26/ 1992 y los fines que tiene encomendados en el artículo 4, puntos 2 y 3, de sus Estatutos:

 

  1. Impulsar y facilitar la práctica del Islam e España de acuerdo con los preceptos del Corán y la Sunna. Artículo 4.2 de sus Estatutos, entre las que destacan las siguientes:

 

  1. Enterramientos. El 95% de las comunidades islámicas carecen de cementerio.
  2. Enseñanza del Islam en los centros escolares públicos. El 90% del alumnado musulmán carece de clases de religión. Para los 326.359 alumnos musulmanes solo hay 80 profesores. El 90% del profesorado de religión islámica se encuentra desempleado.
  3. Construcción y apertura de Mezquitas. El 12% de las comunidades islámicas carece de mezquita u oratorio.
  4. Asistencia religiosa en los centros penitenciarios.
  5. Asistencia Religiosa en las unidades militares del Ejército español. Sigue sin ser contratado un imán castrense, aun existiendo alguna unidad de mayoría musulmana, como son las Unidades de Regulares, las cuales llegaron a contar en el pasado con iman castrense y alfaquí.
  6. Formación de Imanes.
  7. Normalización de la alimentación Halal.

 

  1. El diálogo con otras instituciones para favorecer la convivencia en armonía y plenitud de todas las personas con diferentes creencias y convicciones artículo 4.3 de sus Estatutos.

La única manera de poder revertir parcialmente esta situación en la actualidad sería la aplicación del artículo 12 de los Estatutos de la CIE, que le permiten tener ingresos propios, no provenientes de particulares o del Estado, y que en la situación actual se debería aplicar al uso del sello halal. La Comisión Islámica de España, (CIE), consiguió del Registro Español de Patentes y Marcas, la Marca Halal España, pero ha dejado claro en su web que “no es una entidad de certificación, ni de consultoría, ni de auditoría”.

El uso de la Marca Halal España, debería estar sujeta al pago de una licencia cada vez que un producto se certifica con la misma, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, Una licencia accesible y no abusiva para las empresas que solicitan la Certificación Halal, y para las empresas que Certifican. Esto permitiría a la CIE, tener algunos ingresos propios para no depender completamente de las subvenciones estatales de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

El negocio de la comida halal mueve cada año millones de euros y no ha dejado de crecer en toda Europa desde los años ochenta. Según la revista el Club de los Gourmets, en España existen por lo menos 400 empresas certificadas, cuyas exportaciones han crecido un 82%. En 2015 los musulmanes de España gastaron 2.421 Millones de Euros en alimentación halal.

Las ventas de pollo halal entre 2012 y 2014 crecieron un 32%, las de vacuno un 45% y las de cordero pasaron de 200 toneladas a 1.743. Las exportaciones de bovino aumentaron un 90% entre 2012 y 2014, hasta las 5.500 toneladas. Se ha pasado de 28 centros autorizados en 2010 a 86 en 2019.

En España, el Instituto Halal, una empresa privada, certifica a 350 empresas. El 95% pertenecientes al sector de la alimentación y bebidas, entre las que hay 72 mataderos, y 32 empresas de elaboración y distribución de productos cárnicos y embutidos. Su facturación en el ejercicio 2.018 fue superior a 1.200.000 Euros.

Además del Instituto Halal, en España operan  4 o 5 certificadoras más, entre las que destaca Halal Consulting, (una certificadora reconocida en Emiratos Árabes Unidos y Qatar), y otras extranjeras que certifican sin estar en España. También hay distribuidores con su propio logo y mezquitas que certifican. La licencia debería ser económica y darse para cada caso en concreto, es decir, las grandes certificadoras deberían tener una licencia para cada empresa que certifican, al igual que el resto de certificadoras de menor tamaño, ya que no es igual el volumen de certificaciones de una pequeña certificadora que el de una grande y ya con años en el mercado. Sería injusto que una gran certificadora y una pequeña certificadora pagarán lo mismo por una licencia generalista para ser usada en todas las empresas y productos.

La CIE, ha mantenido una inoperancia absoluta desde su creación y ha estado controlada por la UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de España), que ha sido la correa de transmisión de los intereses del Estado, con independencia del Gobierno que tuviera España en cada momento, plegándose siempre la CIE al Estado y sin solucionar ninguno de los problemas reales de los musulmanes en materia religiosa como se puede comprobar objetivamente por los datos que se facilitan sobre enseñanza religiosa, cementerios públicos con zonas de enterramiento islámico... etc.

Estas dudas sobre la CIE, hacen pensar que la misma renunciará a tener ingresos económicos significativos por la utilización de la marca Halal Marca España, en beneficio de las Certificadoras más fuertes, que no verían disminuidos sus beneficios. Unos beneficios que provienen del uso de una señal religiosa de los musulmanes a los que no revertirá prácticamente casi nada o muy poco.

La actual administración de la CIE, las grandes certificadoras del halal y el Estado parecen ir unidos de la mano, por intereses mutuos, que no tienen por qué coincidir con los de los musulmanes, y la CIE, puede quedarse sin ingresos económicos suficientes para poder desarrollar los Acuerdo de Cooperación de la Ley 26/ 1992, y los musulmanes seguirán viendo mermados sus derechos.

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