Las tres federaciones musulmanas mayoritarias de Cataluña han denunciado los ataques de Vox  ante la  Fiscalía  encargada de perseguir los delitos de odio y discriminación.

Las tres organizaciones (Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Federació Consell Islàmic de Catalunya y Federació Islámica de Catalunya), que agrupan casi el 95 % de los 330 lugares de oración existentes en Cataluña, siendo  reconocidas como interlocutores de la comunidad musulmana por la Administración, han denunciado la campaña #StopIslamición, lanzada por el partido ultra a través de las redes sociales para las elecciones autonómicas del 14 de febrero.

Entre los mensajes de tinte xenófobo, la denuncia de las organizaciones musulmanas se centra en un vídeo en el que se mezclan noticias relacionadas con la comunidad musulmana en Cataluña,  la puesta en marcha de un plan para impartir la religión islámica en las escuelas o la construcción de una mezquita con imágenes de los atentados del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona, y se representa a los musulmanes “como extranjeros peligrosos, sospechosos o potencialmente terroristas”.

El vídeo utiliza imágenes de mujeres con burka, tomadas en otros países, una forma de vestir propia de Afganistán o países de cultura parecida, todo ello, según se refleja en la denuncia “para reforzar una idea atávica  y atrasada de los musulmanes” que viven en Cataluña.

Musulmanes contra la Islamofobia, una veterana  asociación defensora de los derechos civiles, mantiene  que la difusión del vídeo en plena campaña electoral catalana “busca generar un clima de miedo en la opinión pública, con la finalidad de conseguir el mayor número de votos, a costa de provocar la estigmatización de las personas musulmanas en Cataluña”.

La denuncia se apoya, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostiene que “la incitación al odio no requiere el llamamiento a un acto concreto de violencia” y que “injuriar, ridiculizar o difamar a partes de la población […] es suficiente para que las autoridades privilegien la lucha contra el discurso racista frente a una libertad de expresión que atenta contra la dignidad e incluso seguridad” de comunidades concretas.