A lo que no hace mención la CIE es a sus privilegios religiosos desafiantes, todos ellos traducidos en cientos de miles de euros en subvenciones. Si su declaración significa que son partidarios de la separación de la religión y el Estado y el respeto igualitario de los derechos humanos de todos para que nadie se vea favorecido o desfavorecido a causa de sus creencias, en defensa de la libertad y de la justicia, lo primero que deberían hacer es aborrecer las cuantiosas subvenciones que reciben y destinarlas a fines más justos que a los que las destinan sus miembros, que no son otros que a su vocación de mantenerse en cargos en teoría religiosos y profundamente ligados con cargos políticos, o lo que es lo mismo: servirse de su condición de cargo religioso para obtener prebendas de cargos políticos, todo ello sin dar ni golpe. Eso sí que debería estar tipificado como delito penal y social, a la vez que incompatible con cualquier actividad social, ya sea política, cultural o religiosa.
La CIE “olvida” que carece de legitimidad electoral, y que su existencia se debe a que hay poderes políticos que han decidido darle amparo: es más, parecen olvidar que su creación fue un requisito gubernamental, un mandato no nacido por voluntad propia de las comunidades islámicas, siendo por tanto la CIE, un artificio administrativo sustentado en poderes políticos.
Los miembros de la CIE hacen de su toga su bastón político. Viven en permanente conflicto entre lo religioso y lo que entienden por mundo secular. Además, muchos de ellos asisten a mítines políticos, como hizo recientemente su delegado en Ceuta, que aplaudió a raudales las intervenciones de los políticos populares, tal vez porque recibe subvención superior a 60.000 euros anuales. O los de Luna Blanca, en teoría dirigentes religiosos, pero que no dudan en asistir a mítines políticos, tanto del PP como del PSOE. Todo sea por los más de 230.000 euros que perciben de las arcas municipales. Otra entidad, Al Idrissi, en teoría cultural y religiosa, que percibe más de 65.000 euros anuales, asiste también a mítines del PP y PSOE, no importándoles que les califiquen como “oportunistas”.
De poco sirve proliferar comunicados como si creyeran en la división de poderes cuando ellos gobiernan antidemocráticamente un ente que pretende condicionar la vida de millones de musulmanes en España.
Cuando dentro de la CIE, un musulmán sea un voto, podrán alegar marco constitucional y dar lecciones. Hasta entonces, más les valdría aplicarse el cuento y aclarar si como ente de representación islámico, es política cuestionar las leyes de igualdad, del aborto, trans, de educación… y tantas otras que afectan de lleno a ciudadanos, tanto a musulmanes como a no musulmanes.
Callar y mantenerse con los brazos cruzados ante tanta actividad política para luego sermonear con incompatibilidades religiosas y políticas es, cuando menos, un ejercicio de hipocresía blasfemo, visto desde cualquier prisma, ya sea político o religioso
Nota íntegra
Nota informativa
Dado que el activismo social y político está muy presente en la vida cotidiana, y puede llevar a confusiones entre lo político y lo religioso, lo sindical y lo cultural, se hace necesario recordar que en el marco constitucional de España, la representación religiosa es exclusivamente religiosa y en cooperación con la representación política, como expresa el Artículo 16.3 de la Constitución española desde 1978: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”
Para diferentes asuntos, ya sean políticos, sindicales, sociales, culturales, etc. los musulmanes pueden libremente asociarse y afiliarse a partidos, sindicatos, ONG, asociaciones, etc. en cada ámbito de actuación, separados, en el ordenamiento jurídico español, de lo religioso lo cual posee su mecanismo de representación de las comunidades religiosas en su marco legal.
Las confesiones religiosas tienen su marco de actuación en la cooperación con los poderes públicos. Los musulmanes políticos, sindicalistas, activistas, dinamizadores, etc. pueden ayudar a sus respectivas comunidades religiosas, respetando el imperativo constitucional de separación de lo religioso de lo político y pudiendo ocupar cargos o bien políticos o bien religiosos siendo incompatible ocupar ambos simultáneamente.
Animamos a los fieles que quieren desempeñar una carrera política y también apoyamos a quienes quieren dedicarse al servicio religioso.
Madrid a 10 de mayo de 2023.
